VOX ha presentado recursos contencioso-administrativos contra las ordenanzas de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Cornellà de Llobregat y L’Hospitalet, junto a otros cinco municipios catalanes, al considerar que las restricciones de circulación carecen de suficiente justificación jurídica, técnica y económica. Los informes aportados por la formación cuestionan la proporcionalidad de las medidas y exigen una revisión del impacto sobre vecinos, autónomos y pequeños comercios, señalados como los grandes damnificados por las ZBE.

La batalla judicial contra las ZBE del área metropolitana de Barcelona ha dado un nuevo paso en los tribunales, con la posibilidad de que acabe en su derogación, tal como ha ocurrido en otras ciudades europeas como Madrid o París. La formación política argumenta que las ordenanzas locales no cumplen con los requisitos de necesidad y adecuación exigidos por el ordenamiento jurídico.

Los recursos presentados por VOX se basan en informes jurídicos que sostienen que no se ha realizado un estudio suficiente de los efectos de las ZBE en la actividad económica local y en la movilidad de los residentes. Se destaca la falta de datos concretos sobre el impacto en pequeños negocios y trabajadores autónomos, cuyos vehículos podrían quedar excluidos de zonas clave para su desempeño laboral.

La petición central de los recursos es que se suspendan de forma cautelar las actuales ordenanzas hasta que se realice un nuevo informe de impacto que evalúe de manera proporcionada las restricciones, buscando un equilibrio entre los objetivos medioambientales y los derechos de los ciudadanos afectados por las medidas.